A 31 años del Golpe

El nuevo cumplimiento de un aniversario del golpe militar de 1976, nos invita a reflexionar sobre que bases queremos construir el futuro.

Muchos piensan que se vive el pasado, cultivando el odio, estableciendo al rencor como forma de hacer política y mas aún, heredando un vector de rivalidad que enrarezca y corrompa las generaciones futuras.

Es cierto que muchos se subieron a este discurso en la búsqueda de rédito político, lo que condenamos, pero no aceptamos que en función de la “convivencia” nos olvidemos de los crímenes y heredar así un futuro cimentado en la impunidad. La búsqueda de verdad y justicia es la garantía de la reconciliación, es el punto de partida de una sociedad civilizada.

Detrás de este discurso de “punto final” aparecen escondidas una gran cantidad de intencionalidades, que lejos está de la búsqueda de pacificación; esconde intereses mucho más mundanos. Es claro que el tiempo trajo en sus alforjas nuevos puntos de vista, no sólo se trata de hablar de los militares que violaron derechos humanos, sino que se ha definido con total claridad que éstos (los militares), fueron el brazo armado de un proyecto de poder político y económico. Durante muchos años el debate sobre la dictadura militar orbitó alrededor, de los delitos sobre los derechos humanos, y claro es que fue por obra constante de las agrupaciones de familiares de detenidos y desaparecidos, y que hoy redoblan sus esfuerzos y van mas allá, desenmascarando las estructuras de poder, heredadas del proceso militar, que durante estos 31 años siguieron criando corrupción. Sin duda el aspecto mas emblemático son los Juzgados controlados por Jueces nombrados por la dictadura.

El funcionamiento de la Justicia se puede resumir en un párrafo del informe de la CONADEP: “Hubo Jueces que, dentro de las tremendas presiones sufridas por la situación reinante, cumplieron su función con la dignidad y el decoro que se esperaba de ellos. Pero también es real que hubo quienes; teniendo el deber jurídico de proteger a las personas y a sus bienes, dejaron de hacerlo; quienes pudiendo limitar el abuso de las detenciones arbitrarias avalaron la aplicación de verdaderas penas sin juicio previo; y quienes, por fin, con su indiferencia, exhibieron una conducta cómplice con los secuestros y las desapariciones”.

Si bien, ya en democracia, las legislaturas examinaron los legajos de los jueces nombrados por la dictadura, para verificar el compromiso que habrían asumido en la época del proceso, a la fecha hay evidentes signos, que los acuerdos otorgados sufrieron graves condicionamientos.

A las claras se observa que los acuerdos estuvieron plagados de negociaciones sectoriales, algunos militares, otros políticos y otros religiosos, y el paso del tiempo está dejando casos expuestos, de jueces actualmente en funciones denunciados por participación activa o por lo menos cómplice, en la represión ilegal en épocas del proceso, y otros casos no dejan de ser sospechosos, por el favor recibido por los dictadores.

La justicia es el único poder de la república que no es sometido a la voluntad popular, por lo que la legitimidad de su orígen debe quedar fuera de sospecha alguna sobre su vocación republicana, teniendo en cuenta, las razonables dudas sobre aquéllos que juraron sobre los Estatutos del Proceso de Reorganización Nacional, ya que en este punto no es posible distinguir con claridad de los que aceptaron creyendo que podrían hacer algo, por aquellos que sufrían secuestros, torturas y desapariciones, de los otros, que se sumaron a la dictadura, pensando que la misma había llegado para quedarse.